Un nuevo capítulo del conflicto en la Hidrovía Paraguay-Paraná mantiene en vilo al comercio exterior argentino. En medio de un paro por tiempo indeterminado que dejó detenidos a más de 140 buques en los puertos del país, la Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales de la Marina Mercante emitió una aclaración institucional en la que asegura que no convocó ni promovió la interrupción de los servicios de navegación.
Qué establece el Decreto 690/2026
El origen del conflicto es el Decreto 690/2026, firmado por el presidente Javier Milei junto a los ministros Federico Sturzenegger y Alejandra Monteoliva, que derogó el régimen vigente desde 1991 y dispuso una profunda desregulación del practicaje y el pilotaje en las vías navegables. La norma elimina el límite al número de prácticos habilitados, permite a los usuarios contratarlos libremente como profesionales independientes y faculta a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación a fijar tarifas máximas.
El nuevo régimen reduce también los casos en los que es obligatorio contratar un práctico —al elevar los umbrales de eslora y calado— y habilita a capitanes con experiencia acreditada a obtener certificados de conocimiento de zona para navegar sin ese servicio. El Gobierno sostiene que el esquema de 1991 había quedado “obsoleto”, imponía barreras al ingreso de nuevos prestadores y encarecía la logística, y que la reforma busca aumentar la competencia y reducir costos para la actividad portuaria y exportadora.
El conflicto en la Hidrovía golpea a los puertos
La publicación de la norma generó una fuerte reacción del sector. Los prácticos, que se desempeñan como profesionales independientes, rechazan la medida porque consideran que reduce el practicaje “a su mínima expresión” y que pone en riesgo la seguridad de la navegación, el ambiente y la soberanía de las vías navegables. Desde el 1° de agosto llevan adelante una suspensión de prestaciones que afectó la operatoria desde Ushuaia hasta la Hidrovía Paraguay-Paraná, con más de 140 barcos a la espera de autorización para operar. La Prefectura Naval Argentina intimó a los profesionales a retomar el servicio.
El bloqueo golpea de lleno al Gran Rosario, el principal nodo agroexportador del país, donde se concentran las terminales de San Lorenzo, Timbúes y toda la franja portuaria del sur santafesino por la que sale buena parte de la producción granaria argentina.
La aclaración de Capitanes y Baqueanos
La Asociación de Capitanes y Baqueanos precisó que no dispuso, convocó ni emitió directiva alguna para interrumpir, suspender o negar la prestación de los servicios profesionales. La entidad señaló que sus comunicaciones tuvieron por objeto informar a sus representados y analizar el alcance del nuevo marco normativo, sin impartir instrucciones sobre el ejercicio individual de la actividad.
La entidad aclaró también que ejerce la representación sindical de los trabajadores comprendidos en su ámbito estatutario y que no representa a los prácticos que actúan como profesionales autónomos, por lo que las decisiones de esos prácticos constituyen determinaciones individuales ajenas a la organización. Reafirmó, por último, su disposición al diálogo con la Prefectura Naval, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, la Secretaría de Trabajo y los armadores, y pidió que el debate se desarrolle sobre la base de información objetiva y verificable.
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