El Gobierno de Santa Fe y el Ministerio Público de la Acusación derribaron este martes un inmueble utilizado como punto de venta de estupefacientes en Reconquista. Es el primer búnker inactivado en el norte santafesino desde la puesta en marcha de la Ley de Microtráfico, y eleva a 134 el total de demoliciones en toda la provincia.
La inactivación se concretó en la intersección de Olessio y calle 47, en la ciudad cabecera del departamento General Obligado, en un procedimiento coordinado entre el Ejecutivo provincial, el MPA y las autoridades locales.
“Un hecho histórico” para el norte provincial
El director provincial de la Policía de Investigaciones, Rolando Galfrascoli, enmarcó el operativo en la decisión del gobernador Maximiliano Pullaro y del ministro Pablo Cococcioni de extender la ofensiva contra el narcomenudeo a todo el territorio.
Es un hecho histórico, que tiene una significación particular: demostrar que la provincia invencible de Santa Fe va con todo contra el delito de la venta de estupefacientes.
Rolando Galfrascoli, director provincial de la PDI
Qué funcionaba en ese inmueble
El subsecretario de Análisis Criminal, Sebastián Montenotte, explicó que el lugar no era solamente un punto de venta. “Era un núcleo donde se articulaban distintos delitos predatorios. En algunos de los allanamientos realizados en este inmueble se secuestraron numerosos objetos robados a vecinos de Reconquista, Avellaneda y otras localidades de la región”, señaló.
Según el funcionario, este tipo de intervenciones permite “desplazar por completo a organizaciones que durante mucho tiempo se apropiaron de estos espacios”.
Dos años de investigación y cinco allanamientos
El fiscal de la causa, Sebastián Galleano, detalló el trabajo previo: “En los últimos dos años se realizaron cinco allanamientos vinculados con causas de microtráfico y robos. En esos procedimientos se secuestraron cocaína, marihuana, sustancias de corte y numerosos objetos sustraídos”.
La investigación también avanzó sobre los responsables: hoy hay tres personas sometidas a proceso con reglas de conducta y una cuarta condenada mediante juicio abreviado por delitos vinculados al microtráfico. La fiscal regional interina, Georgina Díaz, calificó el derribo como “un avance concreto” para la región.
El número que muestra la Provincia
Montenotte vinculó la política de derribos con los indicadores de violencia: sostuvo que la provincia registra una baja superior al 60% en la tasa de homicidios respecto de 2023, junto a una reducción de los heridos por armas de fuego asociados al narcomenudeo. Es la misma herramienta legal con la que la PDI ejecutó en Rosario el allanamiento encubierto de Fisherton.
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